Medidas para prevenir y luchar contra los incendios forestales aprobadas por la Conferencia Sectorial
Lunes, 21 de Marzo de 2005
Fuente: Geoscopio/Madrid. El acuerdo, adoptado en el mes de enero, refuerza la prevención activa,
optimiza los métodos de extinción y su coordinación, intensifica la
investigación de las causas e impulsa la aplicación de la leyes para
castigar a los culpables. El informe ha sido presentado coincidiendo con el Día Forestal Mundial, que se celebra hoy lunes 21 de marzo, fecha en la que el Ministerio
de Medio Ambiente recuerda su compromiso con la gestión forestal
sostenible. En los dos primeros meses de este año, la superficie forestal quemada
casi se ha duplicado con respecto a 2004, ya que hasta el mes de febrero
se han quemado 11.716 hectáreas, frente a las 6.591 del pasado año.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó
en el Consejo de Ministros un informe sobre el acuerdo adoptado por la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, del pasado 29 de enero, para impulsar
un conjunto de medidas destinadas a prevenir con mayor eficacia los incendios
forestales. Entre ellas, cabe destacar el reforzamiento de la prevención activa, la
optimización de los métodos y sistemas de extinción y su coordinación, el impulso
de la participación de la sociedad y la mejora de la investigación de las causas y la
persecución del delito.
Estos acuerdos son especialmente necesarios este año, ya que los datos de
incendios de los dos primeros meses de 2005 indican se han producido 1.460
incendios y 2.485 conatos (menos de 1 ha.) frente a los 1.081 y 1.511,
respectivamente, del año 2004. La superficie forestal quemada también ha
aumentado y hasta el mes de febrero han sido afectadas 11.716 hectáreas, de las
cuales 1.770 corresponden a superficie arbolada. El pasado año, también en mes de febrero, la superficie quemada ascendió a 6.591 hectáreas y la arbolada a
651 hectáreas.
El acuerdo sobre incendios incluye las sugerencias presentadas por las
comunidades autónomas y, en particular, el compromiso del gobierno y de las
administraciones autonómicas para mejorar la legislación con objeto de evitar que
la posibilidad del cambio de uso de los terrenos forestales incentive los incendios.
A tal fin, el gobierno se ha comprometido a reformar la Ley de Montes para que
quede prohibido el cambio de uso de los terrenos forestales objeto de incendio,
como mínimo durante treinta años. La modificación de la Ley de Montes incluirá
otras medidas, en concreto, la creación de una Fiscalía contra los delitos
ecológicos de ámbito nacional que coordine y apoye a todas las fiscalías
especializadas.
El informe ha sido presentado tres días antes del 21 de marzo, fecha en la que
Naciones Unidas celebra el Día Forestal Mundial. Con motivo de esta efeméride, el
Ministerio de Medio Ambiente quiere recordar el compromiso adquirido por el
Gobierno para reforzar las políticas destinadas a potenciar la gestión forestal
sostenible y la conservación de la biodiversidad en los montes españoles.
La superficie forestal en España asciende a 26,6 millones de hectáreas, lo que
supone más del 50 por ciento del territorio. La superficie forestal arbolada supera
los 15,2 millones de hectáreas, con una media de 130 árboles por persona, según
los últimos datos del Inventario Forestal Nacional, que cifra en 5.452 millones el
número de árboles en nuestro país.
Los montes proporcionan múltiples beneficios, ya que son fundamentales para
garantizar la lluvia, luchar contra el cambio climático y fomentar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. También son imprescindibles como lugares de
ocio y esparcimiento para todos los ciudadanos.
COLABORACIÓN PARA PREVENIR Y EXTINGUIR INCENDIOS FORESTALES
Según el documento aprobado, los incendios forestales provocan, año tras año,
alarma social, ponen en peligro vidas humanas y bienes sociales y causan daños
ambientales y perjuicios económicos. Por este motivo, las administraciones,
conscientes de esta situación, deben colaborar para desarrollar acciones para
prevenir y mitigar los efectos de los incendios. Además es necesario adoptar
medidas que impidan la impunidad con que actúan los incendiarios.
Sobre la prevención y persecución de los delitos y de las infracciones
administrativas, se pueden destacar las siguientes medidas: desarrollar líneas de
trabajo con el Poder Judicial con objeto de conseguir una concienciación del
problema; intensificar la acción sumarial de la Fiscalía para el procesamiento de
los causantes identificados; potenciar los medios humanos y técnicos para la
investigación de las causas; fomentar el intercambio de información sobre las
sanciones penales y administrativas; y fomentar la coordinación interadministrativa
y/o interdepartamental en busca de soluciones a los conflictos de uso y ordenación
del territorio.
En cuanto a las medidas relacionadas con la coordinación y la optimización de los
medios y métodos o sistemas de extinción, el documento señala la necesidad de
vincular la extinción a la prevención y la elaboración de un Plan General de
cobertura. Asímismo, señala que se ha de elaborar una recomendación técnica
que establezca las condiciones básicas para la mejor integración de los medios de
las distintas administraciones en la extinción de grandes incendios y la revisión del
Plan Estatal para Emergencias de Protección Civil por Incendios Forestales.
Entre las medidas necesarias para desarrollar en el medio rural e implicar a los
ciudadanos, el documento presentado propone poner en valor los espacios
forestales mediante el fomento del aprovechamiento y comercialización de los
recursos. En la misma línea plantea programas de prevención activa con formación
para los usuarios del fuego y fomento del uso de la biomasa y Planes de
Prevención mediante el control y la ordenación de los combustibles forestales a
través de podas, clareos y desbroces, entre otros.
Los programas de divulgación y educación ambiental adaptados al medio rural y al
medio urbano que impulsen una mejor percepción del riesgo y daño por incendios
forestales se encuentran entre las medidas adecuadas para la implicación del
conjunto de la sociedad en la lucha contra los incendios.
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