Fenacore estima acertado el compromiso del Gobierno de no aplicar un precio al agua hasta completar los estudios de cuenca
Martes, 1 de Febrero de 2005
Fuente: Geoscopio/Madrid. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, considera "acertado" el compromiso del Gobierno actual de retrasar hasta 2010 la aplicación del principio de recuperación de costes, según establece la Directiva Marco de Aguas (DMA), con el fin de elaborar planes "rigurosos" y "profundos" para cada cuenca hidrográfica, en función de los efectos medioambientales, sociales y económicos, así como de las condiciones geográficas y climáticas de los territorios afectados y la excepcionalidad en determinados usos.
Asimismo, Andrés del Campo mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno de que cualquier modificación sobre el marco de aplicación de esta directiva descanse en el "consenso" y el "diálogo" con los agentes socioeconómicos implicados y, de manera particular, con la representación social del sector del regadío.
En este sentido, el presidente de Fenacore ofreció a las Administraciones Públicas su "máxima" colaboración y ayuda para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la aplicación de los preceptos que recoge la directiva europea y avanzar con paso firme hacia el cumplimiento de la misma.
El secretario general de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Moraleda, y el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, realizaron una declaración conjunta sobre el desarrollo de la DMA, en la que ratificaron "el compromiso del Gobierno de cumplir con el principio de recuperación de costes medioambientales y de servicios relacionados con el agua, para el horizonte del año 2010, admitiendo la singularidad y, en algunos casos, la excepcionalidad de la actividad agraria y del desarrollo rural".
Fenacore ha reiterado en numerosas ocasiones que las modificaciones del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas planteadas por Medio Ambiente en relación a la fijación de un precio y la aplicación de un canon medioambiental -la denominada ecotasa- no guardaban relación alguna con el principio de la recuperación de los costes del agua que contempla la DMA que, por el contrario, sí obligaba a cumplir con los principios de transparencia informativa y participación pública, que el Gobierno socialista asume ahora con esta declaración conjunta.
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