El ministro de Agricultura, Miguel Arias, manifestó una vez más que la aplicación de la reforma propuesta produciría impactos negativos en el sector agrícola y ganadero, mostrando su disposición a colaborar y buscar soluciones consensuadas que logren minimizar dichos efectos.

De acuerdo con el cuestionario propuesto por la Presidencia del Consejo, primeramente se abordaron las cuestiones relativas al régimen de pago único. A este respecto, el ministro Arias manifestó que España no comparte la necesidad de que el desacoplamiento de las ayudas sea total, ya que existe riesgo de abandono de la actividad agraria en las zonas más desfavorecidas y produciría la pérdida de los instrumentos de regulación del mercado y la ordenación sectorial y territorial de la actividad agraria.

Asimismo, el modelo de desacoplamiento propuesto conlleva un riesgo de pérdida de legitimidad de las ayudas de la PAC, al quedar desvinculadas de toda función económica, y además las modalidades para las negociaciones agrarias en la OMC no requieren una reducción total de la "caja azul", por lo que no es necesario un desacoplamiento tan drástico.

En materia de condicionalidad, España está a favor de que se aplique este principio para el pago de las ayudas, pero de forma que puedan alcanzarse los objetivos de una manera realista. En lo referente a la reducción progresiva para financiar el primer pilar, el ministro manifestó que no es necesario en este momento.

Por otro lado, respecto a la modulación, los porcentajes formulados se consideran suficientes, pues tampoco se deben trasvasar mayores cantidades al segundo pilar. La redistribución de fondos de la modulación debe basarse en los criterios agrícolas y de cohesión que propone la Comisión, aunque existiría la posibilidad de aceptar otros criterios.

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