Fuente: Madrid/Geoscopio
Su objetivo es simplificar los trámites administrativos y realizar una supervisión eficaz de las ayudas estatales a la agricultura, sin debilitar los sistemas de control de la Comisión.
Una vez vigente, el nuevo Reglamento permitirá a los Estados miembros conceder diversos tipos de ayudas estatales al sector agrario sin tener que solicitar previamente el visto bueno de la Comisión.
Esta exención por categorías aligerará la aplicación de las nuevas ayudas estatales a la agricultura, lo que facilitará a su vez la ejecución de los programas nacionales de mejora del medio ambiente y aumento del bienestar de los animales y las condiciones de higiene del sector.
Según, Franz Fischler, Comisario de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, "Tras la reforma de la política agrícola común, proponemos ahora suprimir el control previo por parte de la Comisión de una larga serie de medidas de ayuda estatal al sector de la agricultura. Ello permitirá a los Estados miembros aplicar sus regímenes de ayuda con mucha mayor rapidez y, por consiguiente, reaccionar con mayor celeridad a los retos que puedan presentarse ante los agricultores"
Así, a modo de ejemplo, los Estados miembros podrán asumir hasta un 55% de los costes de las inversiones en las explotaciones, siempre que no generen ningún incremento de la capacidad productiva. Para las inversiones destinadas al aumento del bienestar animal o la mejora del medio ambiente, podrá concederse ayuda de hasta un 75%.
Además, podrán abonarse hasta 100.000 € a lo largo de un periodo de tres años por las medidas de fomento de la producción y la comercialización de productos de calidad. Idéntico importe podrá concederse para las medidas de asistencia técnica, como la asesoría a las explotaciones agrarias o la participación en ferias comerciales.
La contrapartida necesaria de la supresión del procedimiento de autorización previa es la presentación, por parte de los Estados miembros, de informes de elevada calidad que permitirán a la Comisión comprobar si se han cumplido las condiciones fijadas en el Reglamento. En cualquier caso, la Comisión podrá abrir una investigación cuando se registren denuncias de presuntos abusos del nuevo procedimiento.
El Reglamento no suavizará sustancialmente las normas sobre ayudas estatales y, concretamente, no autorizará ayudas estatales en sectores considerados incompatibles con el mercado interior. Por consiguiente, la propuesta no debe interpretarse en modo alguno como una "renacionalización" de las ayudas a los agricultores.
Las mismas normas sobre ayudas estatales a la agricultura seguirán aplicándose en toda la UE. Tras la oportuna consulta a los Estados miembros y las partes interesadas, la Comisión se propone aplicar este Reglamento a partir de enero de 2004.
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