La propuesta, que será aprobada en la próxima Comisión Delegada del Gobierno, servirá para valorar positivamente a aquellas empresas que tengan incorporados determinados requisitos de protección ambiental en la definición y aplicación de sus políticas.

“Siguiendo las normativas europeas, estatales y autonómicas” ha destacado el conseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego, ”es necesario establecer un nuevo paradigma del crecimiento y una mayor calidad de vida mediante la creación de riqueza y competitividad sobre la base de productos y servicios más ecológicos, y por ello, se hace necesario prestar mayor atención a aquellas empresas que desarrollen actividades más respetuosas con el medio ambiente en el marco de la contratación pública”.

La Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha aprobado, entre otros, los principios de acción preventiva y corrección en la fuente, son preferibles las acciones preventivas, que las correctivas, el de “quien contamina, paga” o la internalización de costes y beneficios ambientales, es decir, que los precios de los productos y servicios deben incorporar los costes y beneficios ambientales que generan, debiendo las autoridades fomentar, mediante el uso de instrumentos económicos, la progresiva internalización de los mismos.

Además, también, se ha aprobado el principio de intervención necesaria de los poderes públicos en medio ambiente, que significa, la protección y mejora de la calidad de vida mediante un medio ambiente adecuado, la restauración del medio apoyándose en la solidaridad colectiva, la imposición de sanciones penales o administrativas y obligación de reparar el daño causado, la utilización racional de todos los recursos, así como la cooperación con otros poderes públicos y organismos nacionales e internacionales en la protección del medio ambiente.

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