Fuente: Madrid/Geoscopio
La nueva directiva, que será de obligado cumplimiento en dos años, permitirá una mayor participación pública en los temas que afecten al medio ambiente. En caso de amenaza inminente para el medio, deberá difundirse inmediatamente toda la información disponible.
El Parlamento Europeo ha adoptado el texto aprobado por el Comité de Conciliación sobre una directiva que exige que las autoridades públicas transmitan la información medioambiental de que dispongan a cualquier solicitante sin que éste se vea obligado a declarar un interés determinado.
Igualmente, también establece que ayuden a los solicitantes en sus búsquedas de información y que faciliten, en la medida adecuada, información, consejo y asesoramiento. También prevé que las autoridades difundan de oficio, y de una forma lo más amplia y sistemática posible, la información medioambiental.
La nueva norma obliga a las autoridades a que, en caso de amenaza inminente para la salud o el medio ambiente por causas naturales o actividades humanas, difundan inmediatamente toda la información disponible para que quienes pudieran resultar afectados tomen medidas para prevenir o limitar los eventuales daños.
El acceso a la información medioambiental será gratuito, aunque las autoridades públicas podrán aplicar tasas "razonables".
La información habrá de facilitarse lo más pronto posible, como máximo en el plazo de un mes, aunque se permite una ampliación del plazo a dos meses si la complejidad de lo solicitado lo justifica. Para facilitar en la práctica la efectividad de la directiva, los Estados miembros designarán a personas "responsables de información", de tal forma que el ciudadano sepa a quién dirigirse.
Con todo, los Estados podrán denegar la información si consideran que la solicitud es irrazonable, está formulada de manera excesivamente general o afecta a la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas o a las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública, entre otros aspectos. Si la solicitud está enunciada de una forma muy general, la autoridad pública solicitará que se precise, pero "le ayudará a hacerlo".
La directiva será de obligado cumplimiento dentro de dos años.
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