El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, que será consensuado ahora con los agentes económicos y sociales en el marco del V Acuerdo de Concertación Social, contará con una dotación de 65,8 millones de euros hasta el año 2008.

Entre sus principales líneas de actuación está implantar la cultura preventiva en todos los sectores de la sociedad, mejorar el soporte legislativo nacional y autonómico, impulsar el tratamiento de los temas preventivos en el sistema educativo y poner en marcha programas específicos en sectores especialmente conflictivos.

Entre las acciones de difusión, destaca la introducción de la prevención como materia trasversal en todos los niveles educativos, desde Primaria a la Universidad, pasando por los distintos niveles de Formación Profesional, Ocupacional y Reglada. Igualmente, se contemplan la realización de campañas de difusión masiva y la creación de dos Centros Temáticos en Granada y Córdoba.

El borrador del plan, pionero en España en muchas cuestiones, contempla también medidas que hagan posible aumentar el control y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de trabajadores y empresarios, para lo que se contará con la colaboración de las policías local y autonómica, respectivamente, y con dos líneas 900 que permitirán comunicar a la administración laboral incumplimientos y resolver cualquier duda jurídico técnica.

Igualmente, plantea una línea de colaboración con el número de emergencias 112 para que se articulen sistemas de comunicación de situaciones de riesgo grave e inminente o de accidentes de trabajo graves o mortales. El Servicio de Emergencias colaborará también en la puesta en marcha de un sistema de información sobre sustancias y situaciones potencialmente tóxicas y peligrosas y sobre "mejores prácticas" en el ámbito de las condiciones del trabajo.

De la misma forma, el plan incidirá de forma directa en aquellos sectores en los que la siniestralidad laboral tenga una especial repercusión y se realizarán programas específicos a aquellas empresas que mayor siniestralidad registren en la comunidad. Entre las acciones directas destacan las que se diseñarán, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipio y Provincias (FAMP) para el sector de la construcción y las que se definirán para las empresas que presenten riesgos derivados del amianto, del uso de la electricidad, tengan riesgos de caídas a distintos nivel o por existencia de zanjas.

Se impulsarán programas de actuación conjunta en el marco del convenio de Empresas Saludables y se diseñará un sistema de análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que complete los respectivos partes y que tenga una orientación informativa y preventiva. Se prestará especial atención a las necesidades de las micro empresas y pymes, muy mayoritarias en el tejido productivo andaluz, para las que se articularán líneas de ayudas que les permitan desarrollar sus planes preventivos y contar con delegados de prevención.

Otra de las previsiones es la creación del Instituto Andaluz de Prevención, cuyo borrador de ley está siendo debatido con agentes económicos y sociales.

La calidad en los sistemas de prevención se verá también impulsada por las redes de asesoramiento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Para ello se creará un observatorio permanente de investigación y análisis que posibilite el seguimiento continuo de la situación y una red de laboratorios en los Centros de Prevención de Riesgos Laborales para la atención específica y prioritaria de los riesgos emergentes.

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