"La modernización del IAE, introduciendo variables más objetivas, permitirá un impuesto más transparente y más eficiente que contribuya a impulsar la actividad económica", ha afirmado el ministro ante la Comisión de Entidades Locales del Senado.

El Gobierno se propone actualizar todo el sistema de financiación local, de manera que los entes locales aumenten su capacidad financiera y puedan hacer frente con holgura a todas sus necesidades de gasto, haciendo uso de su ya elevada corresponsabilidad fiscal.

El ministro de Hacienda ha explicado ante la Comisión la aplicación de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria a las Haciendas Locales lo cual exige, primero, la revisión de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para coordinar los contenidos y procedimientos de ambas leyes y, segundo, el desarrollo del Reglamento de la Ley de Estabilidad para el sector local.

En ambos cometidos están ocupados los servicios del Ministerio de Hacienda con la colaboración de los representantes técnicos designados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Las citadas normas de Estabilidad Presupuestaria instauran ésta, como garante del crecimiento económico y de la creación de empleo, de todo el sector público. En lo que se refiere a las Entidades Locales, éstas quedan obligadas a ajustar sus presupuestos al objetivo de estabilidad.

Sin embargo, a diferencia del Estado, que tiene que respetar el límite de gasto, las Corporaciones Locales se limitan a cumplir el objetivo, no estando obligadas a una forma concreta para lograrlo. Cada entidad fija su propia manera de alcanzar el equilibrio presupuestario, actuando bien sobre el gasto o bien sobre los ingresos.

El ministro ha declarado que el Reglamento de la Ley de Estabilidad para el sector local regulará varias materias. En primer lugar, establecerá qué entes integran las Administraciones locales, para lo que deberá distinguirse entre entidades puramente administrativas y las de naturaleza empresarial.

En segundo lugar, se fijará un procedimiento para que los Ayuntamientos remitan la información necesaria y, en tercer lugar, se regularán el contenido, plazos y procedimiento de aprobación de los Planes de económico-financieros de corrección de los desequilibrios que se produzcan en las entidades locales.