Fuente: Madrid/Geoscopio.
La Comisión Europea no formula objeciones a las leyes alemanas sobre la promoción de electricidad de fuentes energéticas renovables y de cogeneración (producción combinada de calor y de electricidad o PCCE) no constituyen ayuda estatal.
Con el fin de promover el suministro energético sostenible, Alemania introdujo dos leyes para fomentar la electricidad de fuentes energéticas renovables y de producción combinada de calor y electricidad (PCCE). Las dos leyes obligan a los operadores a conectar instalaciones de producción de electricidad "verdes" a la red eléctrica, a comprar prioritariamente electricidad verde y a pagar un precio mínimo por la electricidad verde que es superior al precio de mercado de la electricidad.
Estas leyes claramente dan una ventaja económica a los operadores de instalaciones "verdes" de electricidad y pueden distorsionar la competencia en un mercado de la electricidad liberalizado.
Sin embargo, no están comprendidas en la definición de ayuda estatal del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE y ello porque el Tratado establece que tal ventaja constituye ayuda estatal solamente si es otorgada por los Estados o mediante fondos estatales.
En marzo de 2001, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó, en un asunto sobre una obligación de compra similar, que no implicaba recursos estatales en la medida en que todas las transferencias examinadas tenían lugar directamente entre empresas privadas sin participación del Estado.
Esta sentencia sobre la "Stromeinspeisungsgesetz" alemana ha sido decisiva para las presentes decisiones de la Comisión sobre las leyes EEG y KWKG.
La Comisión consideró que puesto que las obligaciones recaen tanto sobre los numerosos operadores privados como sobre algunos puramente públicos, no puede considerarse que las leyes alemanas impliquen subvención estatal alguna. Esto parece justificado ya que las leyes tratan exactamente igual a las empresas públicas y a las privadas y no hay indicios de que se transfieran recursos estatales vía las empresas públicas a los beneficiarios.
La Comisión había recibido varias denuncias alegando que los productores de electricidad verde estaban siendo injustamente subvencionado. Se planteó particularmente la cuestión del riesgo de que la EEG implique una compensación excesiva a los beneficiarios, en especial la generación de energía eólica. Como las leyes no constituyen ayuda estatal, no compete a la Comisión pronunciarse al respecto
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