Según dos Informes publicados recientemente por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, la aplicación de lodos de depuradora en la agricultura seguirá siendo durante décadas la mejor opción ambiental y económica para el tratamiento de estos residuos. Sin embargo, la aceptación pública dependerá de la reducción de los niveles de contaminación, lo que requerirá inversiones anuales de hasta 1 billón de euros.

Estos informes completan una serie de estudios que proporcionan un marco común para las propuestas de la Comisión sobre protección del suelo y revisión de la Directiva de 1986 de lodos de depuradora. En los dos próximos meses, se espera una comunicación sobre protección de suelos, mientras que está prevista una propuesta para actualizar la directiva actual de lodos de depuradora a principios del próximo año.

Los informes incluyen un análisis de los impactos económicos, así como una síntesis de las recomendaciones propuestas. Las Estimaciones del impacto económico, se basan en el supuesto de que se apliquen nuevos límites europeos sobre concentración de metales pesados en suelos, así como nuevos límites o endurecimiento de los ya existentes sobre los compuestos orgánicos y metales pesados en lodos de depuradora. Éstos estarían complementados por obligaciones más estrictas con relación a tratamientos y garantías de calidad.

La aplicación de lodos en suelos agrícolas seguiría siendo, con mucho, la opción más barata (110-160 € por tonelada de materia seca), en comparación con la eliminación en vertedero, la mono-incineración y la coincineración, cuyos costes serían más del doble (260-350 € por tonelada de materia seca).

Cumplir estos nuevos límites supondrá, para el conjunto de Estados Miembro, unos costes de 0,8 billones de euros para el año 2015 pudiendo crecer hasta 0,9 billones para el año 2025, aunque en años posteriores este aumento podrá incrementarse hasta en 1 billón de euros.

En el Informe también se incluye una estimación para el supuesto más desfavorable en el que los costes llegarían hasta los 1,2 billones en el caso de no poder cumplir los nuevos estándares ambientales que la UE imponga para los lodos.