Según el calendario adoptado, cualquier consumidor no residencial (es decir, las empresas) podrá elegir libremente su suministrador de electricidad a más tardar el 1 de enero de 2003. La liberalización total del mercado de electricidad, es decir, la libre elección para los hogares, será efectiva el 1 de enero de 2005.

Varias enmiendas insisten en que no debe haber obstáculos al fomento de las energías renovables (enmienda 57). También se prevé que las autoridades reguladoras puedan imponer obligaciones de servicio público (enmienda 81). Igualmente, se incluyen enmiendas para reforzar los derechos de los consumidores (enmienda 89).

La apertura total del mercado de gas se fija igualmente para el 1 de enero de 2005. Por lo que respecta a la liberalización del gas para clientes no residenciales, se adopta la fecha del 1 de enero de 2004.

El Parlamento deja abierta la posibilidad de que algún Estado miembro se acoja a una prórroga de un máximo de tres años (hasta el 1 de enero 2008) para el mercado de consumidores residenciales pero bajo condiciones estrictas.

Esa prórroga sólo podrá concederse a un Estado miembro si los suministradores de gas y electricidad a hogares en ese Estado no tienen participación en empresas suministradoras a hogares de otros Estados miembros que no se hayan acogido a la prórroga.

Esto implica que si por ejemplo Francia decide posponer su liberalización, las empresas francesas no podrán adquirir suministradores de electricidad o gas de países que ya hayan liberalizado su mercado a hogares.