Fuente: Madrid/Geoscopio.
La demanda peninsular de electricidad creció el pasado año un 5,5%, con lo cual el crecimiento acumulado en España en los últimos cinco años se elevó al 31,5%, el más alto de toda Europa, según datos oficiales.
España creció un 5,5% en su demanda eléctrica, según los datos expuestos por el secretario de Estado de Economía, Energía y PYME, José Folgado, en la presentación del Balance Energético de 2001 organizado por el Club Español de la Energía.
Este aumento acumulado ha supuesto en algunos casos incluso triplicar el ritmo de crecimiento de países de nuestro entorno. El incremento de la demanda de energía eléctrica abre nuevos retos en la regulación y liberalización del sector, para hacerlo más eficiente y competitivo, según el modelo puesto en práctica por el Gobierno desde 1996.
Folgado recordó que el año 2003 será el de la plena libertad de elección para los consumidores de electricidad y gas natural, lo que implica un reto evidente para el sector energético, que pondrá nuevamente a prueba la capacidad de gestión de sus empresas y que será seguida con suma atención por ciudadanos, analistas y reguladores.
Las principales medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años para la liberalización de los distintos subsectores energéticos, son las llevadas a cabo en 2001 para la concreción del modelo de liberalización del Gobierno. En concreto el decreto que estableció el pasado mes de octubre una nueva estructura de tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución en el subsector eléctrico; el compromiso con las autoridades francesas de multiplicar por cuatro, a medio plazo, la capacidad de interconexión entre ambos países o la creación del Mercado Ibérico de la Electricidad.
Por último, Folgado se refirió al documento sobre Planificación Energética, remitido por el Ministerio de Economía para ser valorado y recibir aportaciones por parte de la Subcomisión sobre el Seguimiento de las Infraestructuras Energéticas creada al efecto en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno va a otorgar al Legislativo la oportunidad de modificar dicho documento antes de que sea aprobado por el Consejo de Ministros, lo que supone ir más allá de los que exige la ley (que simplemente exige someter el documento al Congreso de los Diputados), en el marco de una iniciativa donde prima la transparencia y sirve para involucrar por vez primer a los representantes del poder legislativo en un asunto de esta trascendencia.
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