Esta forma el contenido de un documento que obra en estos momentos en manos del Ministerio y que "reconoce la capacidad del Estado miembro y de la autoridad competente dentro de él "en este caso la Consejería"para regular el algodón, reconoce que la norma andaluza se ajusta al Reglamento comunitario y reconoce el derecho de los algodoneros tradicionales frente a la entrada de otros productores".

El propio Ministerio el que hizo un requerimiento a Bruselas para que revisara la orden andaluza, a pesar de que este trámite no era necesario. Ahora, con la respuesta de la Unión Europea "se da la razón a la Junta de Andalucía para organizar racionalmente el cultivo y evitar que haya desajustes y, al mismo tiempo, se cumplen buena parte de las reivindicaciones de los algodoneros".

El consejero andaluz insistió en que la normativa andaluza "no es contradictoria a la del Gobierno central, sino complementaria". Por ello, argumentó que aplicando esta campaña la orden de la Consejería, que establece límites adicionales, el escenario máximo de siembra que se plantea es de 140.000 hectáreas, frente al escenario de 240.000 hectáreas que permitía la norma ministerial.