Este Decreto tiene varios objetivos: por un lado, simplificar las obligaciones de los titulares y usuarios del gas y facilitar su cumplimiento, definir y regular el alcance y procedimiento técnico de la inspección o revisión, establecer las actuaciones a realizar en el caso de que se incumplan las obligaciones y dificultar que unas pocas empresas de actuación irregular -"piratas"- realicen revisiones perjudicando y confundiendo al usuario.

Para conseguir los objetivos expuestos se ha clarificado el sistema de control, de tal forma que en gas canalizado sólo se va a efectuar una inspección por la empresa suministradora y en gas envasado (propano y butano) una revisión por una empresa instaladora debidamente autorizada.

Mediante esta nueva regulación, en el caso del gas canalizado, la inspección correrá a cargo de la propia empresa suministradora (Donostiagas, Gasnalsa, Naturgas, Bilbogas). Los usuarios tan solo tendrán que facilitar la labor llevada a cabo por las citadas compañías.

En relación al gas envasado, por el contrario, corresponde al propio usuario acudir a cualquiera de las empresas autorizadas por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo para que efectúen la pertinente revisión .