En su informe sobre la integración de las políticas medioambientales en la Política Pesquera Común (PCP), que debatirá el Parlamento Europeo la próxima semana, se apoya la inclusión de principios medioambientales para proteger el ecosistema marino.

El informe reconoce el problema de la sobreexplotación, pero aboga por soluciones complementarias al simple bloqueo de buques. En particular, critica los elevados niveles de pesca industrial y considera injustificable que un tercio de las capturas pesqueras comunitarias tengan como finalidad su destrucción para obtención de harinas y aceites.

También se pide a la Comisión que analice el impacto en las poblaciones de peces de fenómenos como las algas, la captura preferencial de ciertas especies o las distintas artes de pesca utilizadas. También le pide que dé más importancia a la etiqueta ecológica.

Además, se expresa la preocupación, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, por el alto grado de contaminación por dioxinas en las zonas donde se producen la mayor parte de estas capturas, que en gran medida se destinan a piensos para las granjas de acuicultura, lo que significa su introducción en la cadena alimentaria.

En este sentido, se pide a la Comisión un estudio detallado del impacto medioambiental de la acuicultura y la pesca industrial, y que se incluyan ambos sectores en la revisión de la PCP. Igualmente, también pide que tome en consideración la creación de zonas de descanso biológico, de áreas protegidas, de zonas de cría, la repoblación y la acuicultura.

En el informe se considera que la Comisión debe prever medidas socioeconómicas adicionales para apoyar a los sectores pesquero y agrícola. En concreto, además de la retirada de buques la Comisión ha de introducir ayudas para la construcción de pesqueros, con vistas a reducir el esfuerzo de las tareas de pesca, mejorar las condiciones de trabajo, de higiene y de vida a bordo, así como para la seguridad de los pescadores, el ahorro de energía y la conservación de las capturas.

Finalmente, el informe solicita a la Comisión que aplique también al sector de la pesca el principio 'quien contamina paga' y que tome en consideración la especificidad de zonas como el Mediterráneo, en las cuales se practica la pesca de múltiples especies, con medidas particulares para los aspectos relacionados con las políticas estructurales, de mercado e internacionales. También pide que no transfiera al mundo productivo las funciones de control que deben ser competencia de las instituciones.