El Decreto tiene por objeto regular las condiciones y características de estas infraestructuras, de manera que se efectúe la correcta gestión de los residuos urbanos que se depositan en ellas. La Ley de Residuos de Canarias establece que la gestión de los puntos limpios corresponde a los cabildos insulares, mientras que es competencia de la Comunidad Autónoma su ejecución.

Un punto limpio es una instalación adecuadamente equipada para la recogida y almacenamiento de residuos urbanos, salvo basuras domésticas y determinados residuos industriales. Allí se reciben los residuos previamente seleccionados, aportados de forma voluntaria por los ciudadanos, quienes los depositan en los correspondientes contenedores para su posterior reciclado, reutilización o valorización.

La gestión de los residuos en los puntos limpios deberá perseguir los siguientes objetivos:

• separar los residuos generados en los hogares, especialmente los peligrosos, cuya eliminación conjunta con el resto de los residuos urbanos representa un riesgo y contribuye a la contaminación del medio ambiente.
  
• evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos que no pueden ser eliminados a través de los servicios convencionales de recogida de basuras.
  
• aprovechar los materiales contenidos en los residuos urbanos que son susceptibles de un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro energético y de materias primas, y reduciendo el volumen de residuos a eliminar
  
• buscar la mejor solución para cada tipo de residuo, con el objetivo de conseguir la máxima valoración de los materiales y el mínimo coste en la gestión global.

Los residuos en Canarias constituyen el primer problema medioambiental del Archipiélago, generándose más de tres millones de toneladas de residuos al año, lo que supone un ratio de 1,6 kilo diario por habitante, superando en un 25 por ciento la media nacional.

De estos tres millones de toneladas anuales, a residuos urbanos le corresponden 1.100.000, residuos agrícolas y ganaderos, 1.200.000; residuos de construcción, 475.000; y residuos peligrosos, 30.000. y, como consecuencia.

En esta línea de propiciar el desarrollo sostenible del Archipiélago, destaca la entrada en vigor del Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN), un Plan que establece una inversión superior a 59.000 millones de pesetas entre los años 2001 y 2006.

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