La Comisión Europea considera que los procedimientos que aplica el Reino Unido para la importación de pesticidas y otros productos de protección agrícola, que se distribuyen legalmente en otros países comunitarios, son demasiado restrictivos y crean innecesarios obstáculos al libre movimiento de bienes dentro del Mercado Interno, violando así el artículo 28 del Tratado de la UE.

Hasta ahora las autoridades británicas autorizaban la importación de productos para protección agrícola si estos eran idénticos a otros productos ya autorizados en el Reino Unido. Esta restrictiva interpretación de "productos equivalentes" llevaba a no autorizar su importación. La Corte de Justicias ha dejado suficientemente claro que no hace falta que los productos tengan que ser idénticos en todos los aspectos al original, para que puedan ser considerados iguales y por lo tanto autorizada su importación.

Además, en el caso de que un producto hubiera sido retirado del mercado británico por razones únicamente comerciales, un producto similar que quisiera ser importado era obligado por las autoridades británicas a llevar a cabo un procedimiento completo de autorización, en lugar de un procedimiento de autorización simplificada.

Por si esto fuera poco, cuando se recibía una solicitud de importación, que normalmente ya contiene toda la información necesaria del producto original, incluyendo su composición y efectos, las autoridades británicas contactaban con las autoridades del país europeo donde se había originado el producto, para comprobar si éste era idéntico al autorizado en el Reino Unido, lo que ocasionaba largas demoras, con importantes repercusiones económicas.