La distribución de la cantidad se ha realizado previo acuerdo con las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el interés de cada actividad, la población minera activa, la siniestralidad y el número y tipo de explotaciones mineras de cada territorio.

Así, el 45 por 100 de la cuantía se destina a los principales territorios de la minería del carbón como son Asturias y Castilla y León y casi el 20 por 100, además de contar con minería de carbón, tiene los yacimientos de potasa más importantes.

Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan de Seguridad Minera, que destina aproximadamente 2.000 millones de pesetas para subvencionar actuaciones destinadas a mejorar los índices de siniestralidad en la minería y que su aplicación se concreta en líneas tales como formación de los trabajadores, inversiones que mejoran la seguridad, estudios sobre condiciones de trabajo o sobre métodos de explotación mas seguros, entrenamiento de trabajadores sobre equipos de protección individual, funcionamiento de maquinaria y equipos en atmósferas explosivas, utilización y manejo de explosivos, etcétera.

Los destinatarios de estas ayudas del Plan de Seguridad Minera son las empresas, tanto mineras como expertas en la realización de cursos de formación, las entidades sin ánimo de lucro y otros organismos de la Administración como la Universidad o el Instituto Nacional de Silicosis.

El Plan viene operando desde el año 1987, aunque desde 1997 presenta mayores esfuerzos presupuestarios y ha ayudado a que los índices de siniestralidad se hayan ido reduciendo paulatinamente.