Durante su comparecencia en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, informó de los planes de actuación que pondrá en marcha la Junta en Aznalcóllar (Sevilla) tras el abandono de la mina de la empresa Boliden Apirsa.

Ante las críticas de la portavoz del PP, Carolina González Vigo, por la responsabilidad de la Junta de Andalucía en este conflicto, la consejera recordó que la administración andaluza ha dejado sin retirar una parte de los lodos del corredor verde ante la oposición que tuvo por parte de muchos propietarios, aunque aseguró que supone un porcentaje del 0,01 por ciento del total del vertido.

Coves señaló que, pese a la existencia de estos lodos tóxicos, cuya retirada es competencia de la Junta, estos han sido tratados de forma que se encuentran "sellados e inmovilizados", por lo que no existen riesgos de filtraciones, y acusó a la CHG de mantener aún en la zona lodos tóxicos "a cielo abierto" que aún no ha retirado.

La consejera reconoció que desde la oposición se critique la responsabilidad de la administración andaluza pero pidió que hiciera lo propio con la CHG -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente-que, a su juicio, "ni siquiera ha planteado un plan de evacuación de esos lodos" para depositarlos en la corta.

"Esos residuos están todavía en la zona que le corresponde limpiar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y eso sí que es serio", explicó la consejera.

Coves se refirió también a las protestas de los trabajadores de las minas de Aznalcóllar, que en los últimos días han impedido el bombeo en la corta en la que se han depositados residuos tóxicos con el riesgo de que rebose y pueda afectar a los acuíferos, y dijo que espera que los empleados "recapaciten" en su actitud.

La consejera, que aseguró que se puede producir un "delito medioambiental" si finalmente rebosa la corta, insistió en que los trabajadores deben saber "separar" el componente social que supone el expediente de despido colectivo con el medioambiental que supondría con este asunto, algo que -aseguró- "no es serio".

Indicó que es a la empresa Boliden Apirsa a la que "hay que responsabilizar" de que mantenga el bombeo del agua de la corta, e incluso llegó a afirmar que la Consejería no puede entrar en la empresa "de cualquier forma" puesto que es "problema" de Boliden.

La consejera aprovechó su comparecencia para proponer un acuerdo de todas las administraciones implicadas en este conflicto, cuyos objetivos serían abordar un compromiso en reclamar las posibilidades jurídicas contra Boliden, y garantizar la inocuidad medioambiental en la zona tras el abandono de la empresa.