Aragón ocupa una buena situación relativa en el conjunto de las comunidades autónomas en materia de siniestralidad. Este hecho se pone de manifiesto si comparamos, tanto en términos absolutos como relativos, los accidentes de trabajo acontecidos durante el año 2000.

Mientras España registró un incremento de accidentes del 7,79% durante el pasado ejercicio, en Aragón las cifras experimentaron un crecimiento del 4,13%, ligeramente inferior al experimentado por la población. Estas cifras suponen que durante dos años consecutivos la Comunidad Autónoma ha rebajado, aunque muy ligeramente, su tasa de siniestralidad, frente al incremento experimentado en el resto de España.

En la actualidad se puede afirmar que existe una legislación avanzada en materia de prevención de riesgos laborales. La Constitución española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

A pesar de que existen los mecanismos legales oportunos, en los últimos años, España ha visto como no sólo no se registraba mejora alguna en el campo de la prevención de los riesgos laborales sino que, por el contrario, recientemente se han producido un incremente notable de las cifras de accidentes.

En el periodo de vigencia de la ley de Prevención de Riesgos Laborales (1996-2000), los accidentes de trabajo con baja se han incrementado, en valores absolutos, en un 51,79%, mientras que la población ocupada protegida de la contingencia de accidente de trabajo se ha incrementado un 29, 60%.

Con datos de diciembre de 2000, el índice de incidencia de siniestralidad en el ámbito nacional se sitúa en el 75,78 por mil mientras que el de Aragón está en el 62,3 por mil.

Tras los estudios realizados por el Gobierno de Aragón -que dan como resultado una concentración de accidentes en un número de actividades y, dentro de éstas, en un número reducido de empresas; y, por otra parte, de la constatación de que el cumplimiento de la ley está degenerando en un cumplimiento meramente formal sin implicación real y constante de empresas y trabajadores- el Ejecutivo ha puesto en marcha dos programas diferenciados: Programa de empresas con mayor grado de siniestralidad y el Programa Objetivo Cero Accidentes de Trabajo.