Fuente: EFE.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años de prisión, en una de las penas más elevadas de este género, a un empresario por contaminar un canal del área protegida del Delta del Llobregat hasta convertirlo, según la sentencia, en una "cloaca".
El acusado, José María Gimeno Borrás, propietario de la empresa Proteínas y Grasas Gimeno, dedicada al aprovechamiento y transformación de productos y residuos cárnicos para piensos animales, también ha sido inhabilitado por 3 años para el ejercicio de actividades industriales y, además, deberá pagar una multa de 3'6 millones de pesetas.
Los hechos se remontan a febrero de 1999 cuando, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y un particular se quejaron de la contaminación de un canal pluvial, el número 59, que nace en Sant Boi, donde está ubicada la empresa, y va a parar a la reserva natural de la laguna del Remolar, en pleno Delta del Llobregat.
El 9 de marzo de 1999 los Mossos d'Esquadra recogieron muestras de las aguas residuales de la industria y fueron testigos de que, a través de una canalización, la empresa del condenado "vertía directa, intencionadamente y sin depuración adecuada" a la reserva natural, siempre en horario nocturno.
El análisis de estas muestras detectaron la presencia en los vertidos de elevadas concentraciones de elementos contaminantes, como el amonio y los cloruros, así como aceites y grasas.
Los Mossos también comprobaron cómo, tras un vertido, las aguas desprendían un fuerte olor y eran oscuras e incluso opacas y, 10 minutos después, las aguas recobraban un aspecto más cristalino y ya no desprendían olor.
Según la sentencia, "las aguas residuales vertidas por el acusado han incidido de forma grave en el deterioro de las condiciones de vida animal y vegetal del pluvial afectado, tanto a nivel sanitario, como olfativo, visual e hidráulico", quedando convertida la zona en una "cloaca portadora de aguas oscuras con un fuerte mal olor".
La empresa, que fue creada en 1993, fue sancionada por la Generalitat por una infracción leve en enero de 1996 a un millón de pesetas, si bien, posteriormente, la propia consellería de Medio Ambiente redujo la multa a 225.000 pesetas.
Los jueces imponen una severa pena al empresario porque, entre otros efectos de los vertidos, hubo un "peligro grave para las condiciones naturales del ecosistema. Es más -añade el tribunal-, puede decirse que, en el presente caso, el peligro se ha traducido en un efectivo daño".
"El elevado contenido de amonio con valores todos ellos superiores a los que son capaces de resistir la vida animal y vegetal del agua, ha comportado un daño al ecosistema de la canal que se ha convertido en una cloaca, con desaparición de la posibilidad de vida animal y vegetal", según indica la sentencia.
Los magistrados dicen que, como consecuencia de los vertidos de la industria del empresario acusado, las aguas presentaban un aspecto "putrefacto".
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