Fuentes diplomáticas dijeron en Bruselas que se tratará de una presentación de los datos ya contenidos en el Plan y que serán entregados al Ejecutivo comunitario después de que éste manifestara sus preocupaciones por las consecuencias de la aplicación del PHN.

Bruselas comunicó la semana pasada que tenía "un cierto número de preocupaciones" sobre el impacto medioambiental del plan y destacó la importancia de que sea completamente compatible con la legislación comunitaria.

Las fuentes se refirieron a la carta que el pasado 3 de julio envió el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, James Currie, al entonces director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente español, José María Piñero Campos.

En aquel escrito, la Comisión sugirió a las autoridades españolas "hacer lo más pronto posible la evaluación" de las repercusiones del plan en su conjunto, así como una evaluación ambiental de las incidencias de cada uno de los proyectos individuales necesarios para su ejecución.

"La carta de Currie tiene un carácter informal y no significa la apertura de ningún procedimiento" contra España por infracción de la normativa comunitaria, explicaron las fuentes.

"La evaluación ya está contenida en el propio plan", aseguraron las fuentes, quienes explicaron la disposición de las autoridades españolas a proporcionar a la Comisión esa "recopilación" para que sea más claramente percibida por los técnicos del Ejecutivo comunitario.

La administración española pretende que los costes vinculados a la aplicación del PHN (unos 4 billones de pesetas) cuenten con una financiación comunitaria para aquellos objetivos que pueden tener recursos procedentes tanto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional como del Fondo de Cohesión, y que podría alcanzar una cantidad de 1,2 billones de pesetas.

"Se pedirá cofinanciación (comunitaria) para todos los proyectos elegibles", dijeron las fuentes, que recordaron que las ayudas del Fondo de Cohesión no están destinadas a financiar proyectos relacionados con la agricultura, aunque sí los relacionados con determinados usos de los embalses, como el hidroeléctrico o de control de avenidas.

La portavoz de la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, indicó la semana pasada, con motivo de la gran manifestación en Bruselas en contra del PHN, que las autoridades españolas no están obligadas a presentar la evaluación global del impacto medioambiental del plan, aunque indicó que eso "iría en beneficio de todos".

La "Marcha Azul", que llegó el día 9 a Bruselas, compuesta por miles de manifestantes procedentes de varias regiones españolas, tenía como propósito protestar para evitar que el PHN español sea financiado con fondos comunitarios.

En la carta de Currie a las autoridades españolas, se precisa que el PHN "es sumamente ambicioso y tendrá como consecuencia un impacto significativo sobre la gestión de los recursos hídricos en todo el país y el desarrollo económico de algunas regiones de España".

Además, Currie resalta que "observando el trazado propuesto para el proyecto de trasvase del río Ebro, parece probable que entre 60 y 70 sitios NATURA 2000 se vean afectados".

"La Comisión ya ha señalado a las autoridades españolas -se recuerda en la carta- la necesidad de respetar la legislación europea pertinente relativa a la protección de aves y hábitats" y la Comisión afirma que "la problemática de la protección de hábitats está relacionada con el trasvase propuesto de agua de la cuenca del río Ebro".