Camps se refería, sin duda, a un principio de acuerdo sobre cuatro iniciativas, que todas las partes consideran muy importantes, y que se refieren, sobre todo, a aspectos sanitarios de la salud laboral, estudiadas en cuatro documentos y que recogen la actividad desarrollada en los meses de junio y julio por el grupo de trabajo mixto Ministerio de Trabajo-Ministerio de Sanidad, constituido en el seno de la propia mesa.

De estas cuatro iniciativas, la primera se refiere a la necesidad de reformar y actualizar la lista de enfermedades profesionales, en colaboración con los agentes sociales y teniendo en cuenta la opinión de la comunidad científica. Al respecto, se ha llegado al compromiso de que esta lista se actualice paralelamente a la lista europea en el primer semestre del año próximo en la Presidencia española de la Unión Europea.

La segunda se refiere a la escasez de profesionales sanitarios especializados en salud laboral. Se piensa acordar la ampliación de la plantilla de médicos especialistas en Medicina del Trabajo en 2.000 profesionales, a la vez que se crea la especialidad de enfermería del trabajo.

En tercer lugar, se quiere intensificar la vigilancia de la salud en cada empresa, (pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que tiene que haber una vigilancia específica), sustituyendo los tradicionales reconocimientos generales, con cargo a los empleados y a los empleadores, por unos reconocimientos específicos, que tengan en cuenta los riesgos propios del puesto de cada trabajador en la empresa y que serían, a partir del próximo año, a cuenta de las empresas.

La cuarta iniciativa se refiere al establecimiento de un verdadero sistema de información de salud laboral que se considera esencial para la coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Prevención para poder realizar diagnósticos precoces y prevenir las enfermedades profesionales.

Posteriormente, se ha analizado el informe presentado por la Secretaría General de Empleo sobre las medidas propuestas y contenidas en el llamado "Informe Durán". Al respecto, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha precisado que algunas ya están en marcha y sobre las otras se ha presentado una sistematización por temas y calendarios, de forma que los agentes sociales puedan estudiarlo y alcanzar un consenso básico sobre cuáles son los temas prioritarios, y qué medidas se deben adoptar a corto, medio o largo plazo, en función de esa prioridad.

Por su parte, los sindicatos han presentado otras tres propuestas que, a su juicio, se deben incluir en el futuro Acuerdo. Estas se refieren a la necesidad de formación en salud laboral, para lo que calculan se deben aportar 10.000 millones; a la coordinación de la actividad preventiva entre las empresas principales y las empresas de trabajo temporal y subcontratadas, en un solo centro de trabajo; y, por último, "la más polémica", a juicio de Dolors Hernández de UGT, sobre la "democratización" de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y la participación de los trabajadores, a través de sus representantes, los sindicatos en ellas.