Esta directiva tiene un doble objetivo: contribuir a respetar el Protocolo de Kioto y duplicar la parte de energía renovable en el consumo de energía interior bruta en Europa para que ésta pase de ser del 6 por ciento actual al 12 por ciento en 2010.

Para lograr este último objetivo, los expertos comunitarios calculan que sería necesario que en 2010 el 22 por ciento de la electricidad consumida en Europa esté generada por fuentes energéticas más ecológicas.

De Palacio afirmó a través de un comunicado que la promoción de energías renovables es "una prioridad absoluta" de la Comisión Europea porque los objetivos de Kioto de lucha contra las emisiones de gases, que producen el efecto invernadero, no pueden ser alcanzados sin un reequilibrio a favor del uso de este tipo de fuentes de energía.

La decisión tomada por los Quince formaliza el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre representantes del Consejo y del Parlamento Europeo en el llamado "comité de conciliación". La directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), "apenas un año después de la proposición original presentada por la Comisión Europea", según recuerda la comisaria europea de Transportes y Energía, Loyola de Palacio.

Los Estados miembros tendrán un plazo de 2 años para transponer esta directiva en sus legislaciones nacionales. El texto, que según De Palacio contiene "un plan ambicioso y concreto de desarrollo de fuentes de energía renovables", obliga a los Estados miembros a marcarse una meta nacional de producción de electricidad, procedente de fuentes de energías renovables, que sea coherente con la que se ha fijado de reducción de emisiones de gases de CO2.

España, que en 1997 tenía un 19,9 por ciento de la electricidad procedente de energías renovables, se ha marcado un objetivo del 29,4 por ciento para 2010. La directiva garantiza el mantenimiento de los regímenes de apoyo que existen actualmente en los diferentes países de la UE en los próximos cuatro años.

Además, prevé su continuidad siete años más, después de una evaluación que demuestre que esos países han promocionado de manera adecuada la producción de electricidad procedente de fuentes de energías renovables.