Esta situación demandaba un instrumento jurídico general para la protección del conjunto del territorio gallego, la defensa global de la naturaleza y de los recursos y la posibilidad de conservación y gestión específica de los espacios naturales.

Esta ley enfatiza la incorporación la derecho gallego de los principios emanados de la Conferencia de Río, en cuanto a la gestión sostenible de los recursos naturales. También asume los principios de subsidariedad, buscando una mayor coordinación de los agentes públicos y privados.

La Ley consolida la competencia de la Consejería de Medio Ambiente para la propuesta de las normas de protección de espacios naturales, junto a las entidades locales e incluso a los ciudadanos particulares

Se introducen significativas novedades en la organización administrativa de los espacios Naturales bajo protección. Tras una declaración genérica de tutela, que ejercerá la Consejería, , se perfilan la gestión adecuada para cada categoría de espacio. Así mismo se mantiene la existencia de un órgano colegiado consultivo para canalizar la participación de los intereses sociales o económicos de los afectados, excepto en los casos de que la gestión sea asumida directamente por los servicios de la Consejería competente.