Así lo asegura Ecologistas en Acción en un comunicado en el que reitera que la normativa estatal y autonómica de evaluación de impacto, que emana de una directiva europea, establece que "el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental implica la suspensión inmediata de la actividad" urbanística.

Los ecologistas sostienen que las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico vigentes en Sevilla la Nueva incumplen algunos de los condicionantes que se establecieron en la declaración de impacto ambiental.

En concreto, se refieren a la prohibición expresa de cruzar un área de dehesa de encinas de gran porte y edad, que se califica como zona verde, por un vial. "Sin embargo, dicho vial se recoge en las Normas Subsidiarias definitivamente aprobadas a través de esa dehesa", agregan.

Otro de los incumplimientos se produce, según los ecologistas, al incumplir la prohibición expresa de que otro de los nuevos viales previstos discurra por encima de un canal que se abrió en el siglo XVII y forma parte de las huertas del Palacio de Baena, de esa misma época.

En su opinión, el trazado determinado para el vial "supondría la destrucción" de dicho canal. "Tampoco se incluyen como zonas verdes determinados olivares, tal y como exige la declaración de impacto, sobre los cuales se prevé en la Normas Subsidiarias construir viviendas, ni tampoco se respetan determinadas zonas verdes exigidas por la citada declaración", agregan los ecologistas.

"Por todo ello", concluye en el comunicado Ecologistas en Acción, "la Consejería de Medio Ambiente debería proceder, de acuerdo con la normativa vigente, a la suspensión inmediata del planeamiento urbanístico de Sevilla la Nueva, e iniciar su revisión, adaptándolo a los condicionantes establecidos en la declaración de impacto".

Además, los ecologistas denuncian que las obras de la construcción de la depuradora de aguas residuales todavía no se han comenzado, y en cambio sí se han aprobado con las nuevas Normas Subsidiarias varios proyectos de urbanización y se están tramitando otros, por lo que entienden que el Ayuntamiento "debería proceder de inmediato a paralizar las obras ya en marcha de esos proyectos aprobados, y no aprobar ninguno más hasta que esté en funcionamiento la depuradora".

Por ello, solicita al Consistorio que "paralice de inmediato las actuaciones ilegales"; a la Comunidad de Madrid, que haga "un examen a fondo" de las actuaciones urbanísticas desarrolladas en los últimos años, y al fiscal de Medio Ambiente que investigue estas denuncias de cara a determinar las responsabilidades administrativas y penales en que pudieran haber incurrido los responsables del gobierno municipal del PP cuando éste dirigía la Corporación, así como algunos altos funcionarios del Ayuntamiento.