Según informó la organización ecologista internacional en un comunicado, los gobiernos no deberían hacer uso de la "trampa de descontarse de sus obligaciones de reducir sus emisiones de CO2, la parte que eventualmente haya sido absorbida por las masas vegetales".

Greenpeace ha realizado un primer análisis de la capacidad de los ecosistemas forestales españoles para actuar como sumideros de carbono, concluyendo que "ésta se ve seriamente limitada por problemas como los incendios forestales, la desertización del suelo y las condiciones climáticas mediterráneas".

Según los ecologistas, España no tiene más alternativa que reducir el consumo de combustibles fósiles, pues las emisiones de gases de efecto invernadero en 1999 "superaban ya en un 23-27 por ciento el nivel de 1990", cuando el Protocolo de Kioto obliga a no emitir más de un 15% en el período 2008-2012 respecto a 1990.

"La necesaria conservación de los bosques no debería emplearse como excusa para eludir la obligación de reducir las fuentes de emisión de CO2", declaró Miguel Angel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Según datos de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, señalan los ecologistas, en el período 1990-2000 ardieron en España 700.000 hectáreas de superficie arbolada aproximadamente, lo que supondría "que los incendios forestales de la pasada década podrían haber emitido a la atmósfera unos 70 millones de toneladas de CO2".

"Una gran parte de la superficie incendiada no ha sido reforestada ni ha existido regeneración natural", reseñan los ecologistas, "por lo que con la degradación de estos ecosistemas hemos perdido la oportunidad de fijar anualmente 2 toneladas de CO2 por hectárea, disminuyendo así la capacidad de actuar como sumidero".