Los Estados miembros en cuestión son Francia, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Suecia y el Reino Unido. Al comentar la decisión, la Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, señaló: "Disponer de agua potable de calidad es un derecho fundamental. Lamento que Francia y España no hayan podido darnos suficientes garantías de que su agua potable cumple las normas comunitarias vigentes en Martinica, partes del territorio continental francés y partes de Cataluña. Asimismo, lamento que en la mayoría de los Estados miembros aún esté por adoptar la legislación de transposición de la Directiva revisada sobre el agua potable, pese a que ésta se firmara hace dos años".

La Directiva vigente en materia de agua potable, 80/778/CEE, es un instrumento clave para salvaguardar la salud pública, ya que establece las normas de calidad que deben respetarse en los lugares donde se suministra agua potable para el consumo humano.

Estas normas se refieren a una serie de sustancias, propiedades y organismos (denominados "parámetros"). Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos están sujetos a concentraciones máximas admisibles (CMA) y de los 62 parámetros que existen, destacan por su importancia los relativos a los microorganismos, el aluminio, el plomo, el nitrato, el nitrito y los plaguicidas. El plazo de cumplimiento de la Directiva era 1985.

El dictamen motivado que debe enviarse a España responde al estudio por parte de la Comisión de una denuncia relacionada con problemas de contaminación en el acuífero del Baix Ter en Cataluña. En el estudio se halló que hasta del 25% de las muestras de agua potable extraídas del acuífero excedían la CMA de 50 µ g/l que la Directiva fija para el nitrato. La Comisión cree que estas infracciones se deben a una supervisión incorrecta de la producción intensiva de cerdo en esa zona.

Los dictámenes motivados que deben enviarse a Francia en relación con esta Directiva responden a un estudio realizado por la Comisión sobre niveles excesivos de plomo en 8 ciudades francesas importantes (París, Alfortville, Vétheuil, Orleans, Toulouse, Nantes, Lille y Limoges) y a una petición enviada al Parlamento Europeo relacionada con problemas del agua potable en Martinica.

La investigación indicó que en 137 ciudades francesas los controles de plomo arrojaron niveles de plomo superiores al permitido de 50 µg/l en el 10-20% de las muestras. En la petición se alegaba que en Martinica no se respetaban varias normas, incluidas las relativas a los pesticidas. Las pruebas disponibles indican la existencia de problemas en la isla en cuanto a, por ejemplo, el nivel de nitritos. En ambos casos, Francia no ha respondido a los escritos de requerimiento enviados el 24 de octubre de 2000.

La Directiva revisada sobre el agua potable (98/83/CE), tiene por objeto derogar y reemplazar la Directiva vigente a más tardar para finales de diciembre de 2003. La nueva Directiva, entre otras cosas, reduce considerablemente el nivel de plomo en razón de preocupaciones por la salud pública.

El plazo para adoptar la legislación nacional necesaria era el 25 de diciembre de 2000, plazo que, pese al envío de un escrito de requerimiento de la Comisión, no han respetado Francia, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria y Suecia. Por su parte el Reino Unido ha enviado a la Comisión la legislación relativa a Inglaterra y Escocia, pero no ha hecho lo propio en cuanto a Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar.