La firma de este convenio permite cumplir la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el 13 de abril de 1983 que, si bien aconsejaba a la Administración entregar el embalse a la USUJ para su conservación y explotación, permitía al Estado recuperar ambas funciones con carácter indefinido.

Este convenio ha puesto fin a un largo litigio judicial que se inició cuando USUJ reclamó la explotación del pantano que los usuarios construyeron entre los años 1941 y 1969, debido a que el Gobierno no consideró entonces prioritaria su construcción.

Según el ministro Matas, la firma pone fin a los enfrentamiento y pleitos mantenidos por los regantes valencianos integrados en USUJ y los usuarios de Albacete, estableciéndose una reserva de agua para garantizar los derechos prioritarios de los regantes de la ribera del Júcar.

El acto de firma, que tuvo lugar en la iglesia de Santa María de Alarcón, contó con la asistencia de los presidentes de Castilla-La Mancha y de Valencia, José Bono y Eduardo Zaplana, respectivamente, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ),Juan Manuel Aragonés. José Bono manifestó que el convenio pone de manifiesto que "el derecho a beber está por encima de cualquier otro", porque así lo establece la ley y el Plan Hidrológico Nacional (PHN), y se congratuló de que el ministro Matas haya aceptado varias modificaciones que garantizan beneficios para Castilla-La Mancha.

El presidente de la Generalitat Valenciana dijo que la construcción del pantano cuando, durante la posguerra, el Estado carecía de recursos, ha permitido garantizar el riego de 20.000 hectáreas de cítricos, huertas y arrozal de los que han vivido 50.000 familias durante los últimos 60 años.

Zaplana resaltó que el convenio facilita la gestión unitaria y racional del Júcar, y que posibilita el abastecimiento de la ciudad de Albacete y su área de influencia, la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental y el mantenimiento del caudal ecológico del río.