El Auto, en sus fundamentos jurídicos, resalta como constatado que el proyecto de la línea entre Granadilla y Guía de Isora cuenta con autorización y Declaración de Utilidad Pública, está incluida en el Plan Energético de Canarias, fue sometido a información pública, y cuenta con Estudio Detallado de Impacto Ecológico, que fue analizado y aprobado por las autoridades competentes.

En el Auto "consta la necesidad de tal línea dada la saturación de las redes existentes y necesaria dotación del sudoeste de la isla de Tenerife". Asimismo, se menciona que "tal saturación obstaculiza la atención de nuevas solicitudes de suministro, exigiendo deslastres selectivos durante las horas de mayor , posibilitando el colapso a corto plazo en la red de transporte, en perjuicio del consumidor y desarrollo económico de la isla".

Finalmente, el Auto refleja"la existencia de grave riesgo de perturbación del interés público", si se mantenía la paralización en la construcción de la línea, al mismo tiempo que señala que la misma responde a "necesidades colectivas de la isla e intereses generales prevalentes frente a los locales".

Por este motivo, se dicta el Auto que estima la solicitud de suspensión de paralización de las obras decretada por el Ayuntamiento de Vilaflor, mediante la presentación por parte de Unelco de un aval de 74.9 millones de pesetas, hasta que se produzca la sentencia firme.

Con ello, Unelco reiniciará las obras en este término municipal en cuanto deposite el aval determinado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha dictado el Auto para poder asegurar el suministro eléctrico al sur de Tenerife, mediante la construcción de esta infraestructura, proyectada hace ya más de diez años.

La puesta en servicio de esta línea permitirá el abastecimiento eléctrico al sur de la isla, en el que residen cerca de 150.000 habitantes y se ubican más de 80.000 plazas turísticas, sector éste que genera buena parte de la riqueza y empleo en la isla.