En el transcurso de su intervención el conseller ha significado la necesaria colaboración del sector empresarial valenciano a la hora de aplicar la Ley de Residuos de la Comunidad ya que los empresarios juegan un papel fundamental tanto por su calidad de productor como en su faceta de gestor de residuos.

Modrego también ha destacado el importante esfuerzo inversor realizado por parte de la Generalitat Valenciana que va a permitir resolver en la presente legislatura el problema de los residuos a través de la construcción de nuevas instalaciones para el correcto tratamiento de los mismos y el fomento de la recogida selectiva, como es el caso del ecoparque de Gandia, que cuenta con una inversión superior a los 83 millones de pesetas.

Asimismo el conseller ha señalado la puesta en marcha de distintos planes zonales, tanto para las provincias de Alicante y Castellón como para la de Valencia que en estos momentos se encuentran en periodo de exposición pública y que son un documento muy completo de la realidad valenciana en materia de residuos. Además, harán más ágil y eficaz la gestión de los residuos al evitar la dispersión de las instalaciones, localizará las mismas en aquellos suelos de menor impacto ambiental y coordinará las actuaciones de las diferentes administraciones implicadas

Respecto a la Ley de Residuos, Modrego ha resaltado que "establece por vez primera un modelo de gestión de residuos, tiene como objetivo aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mejorando su medio ambiente, y para ello necesitamos la colaboración del sector empresarial".

La Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana percibe la realidad social existente y los problemas de nuestra Comunidad estableciendo mecanismos que permiten su solución y cumple, así el compromiso del gobierno de la Generalitat de solucionar la problemática de los residuos.

Es una norma, ha asegurado el conseller de Medio Ambiente, que recoge todos los principios promovidos por la Unión Europea que aconsejan la disminución de la producción y la valorización frente a la eliminación, así como los principios de proximidad, autosuficiencia o subsidiaridad.

Además este documento se caracteriza por el tratamiento singularizado de cada residuo, la promoción de soluciones para los suelos contaminados, al mismo tiempo que traspone la Directiva de vertido, anticipándose al propio Estado.

Así consta en el Informe del CSN elaborado en relación a la pregunta parlamentaria formulada por el diputado del grupo socialista, Julián Simón, sobre el escape de unos seis mil litros de agua del circuito primario (que refrigera el núcleo del reactor) de la central nuclear de Garoña.

Según este documento, el incidente, clasificado como nivel "0" en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), es decir, por debajo de la escala, "no tuvo ninguna trascendencia para la seguridad" y se registró durante la parada efectuada para las operaciones de recarga, que duró del 2 de marzo al 16 de abril.

El informe señala que el incidente se produjo durante unas maniobras en el sistema de purificación de agua del circuito primario y que la apertura indebida de una válvula provocó que uno de los tanques rebosara hasta el suelo del edificio del reactor.

El agua se extendió por varias zonas, por lo que se prohibió el acceso a las mismas a los trabajadores, hasta que en días posteriores se recogió todo el líquido y se descontaminaron las zonas afectadas para permitir el acceso a las mismas, necesario para el normal desenvolvimiento de las actividades de recarga, matiza la nota del CSN.

Además explica que el operador tardó unos veinte minutos en tener conocimiento del incidente, y en ese momento procedió a llevar a cabo los aislamientos necesarios para detener la filtración y comunicó el suceso al Consejo en el plazo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (24 horas).

En cuanto a las medidas que se han adoptado para que no se vuelva a producir un accidente similar, el CSN matiza "no existe una causa general" que pudiera provocar la repetición en el futuro de derrames de agua radiactiva, al haber sido provocado el incidente por una válvula que ya fue sustituida.

La central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el burgalés Valle de Tobalina, entró en servicio en marzo de 1971, y es la segunda planta más antigua de España, después de la de Zorita (Guadalajara).

Con el final de la parada el pasado 16 de abril, se inicia el ciclo XXII de funcionamiento de la central, que se prolongará hasta los primeros meses de 2003, cuando se volverá a efectuar una nueva parada para la realización de los trabajos de mantenimiento, renovación tecnológica y recarga de combustible.