Gil manifestó esta postura en su intervención en el pleno de las Cortes regionales. La mayoría de estas grandes obras están declaradas de interés general y, por tanto, su ejecución y financiación corresponde al Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que desde el Gobierno regional se muestra la voluntad de colaborar técnica y económicamente en dichos proyectos.

Gil comentó que el Estado tiene una deuda pendiente con Castilla-La Mancha en materia de abastecimiento de aguas, ya que apenas ha invertido hasta ahora para mejorar los suministros a nuestras poblaciones. El consejero ha vuelto a reiterar el contraste del esfuerzo económico que el Gobierno regional ha realizado para la mejora de la calidad de las aguas de Castilla-La Mancha, con más de 80.000 millones invertidos frente a los menos de 20.000 millones que ha aportado el Estado en esta materia.

El Ministerio de Medio Ambiente, según Gil, ha tenido una actitud negligente porque o bien se ha olvidado de acometer las obras o las ha llevado a cabo pero éstas no están en funcionamiento. Así, el titular de Obras Públicas ha manifestado que hay casos que claman al cielo, como el abastecimiento a las Mancomunidades de Almoguera-Mondéjar, en Guadalajara, o del Girasol, en Tarancón, cuya infraestructura está paralizada más de un año ante la negativa de la Confederación a ceder su uso y explotación al gobierno regional o a los municipios.

Precisamente para subsanar el problema de calidad de las aguas, la Consejería de Obras Públicas ha elaborado el anteproyecto de Ley del Ciclo Integral del Agua que el pasado Consejo de Gobierno tomó en consideración. Esta ley, que podría aprobarse antes de que acabe el año, pretende garantizar la correcta gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, mediante la mayor implicación del Gobierno regional con los Ayuntamientos para evitar problemas que puedan surgir con la explotación y mantenimiento de obras hidráulicas que cada vez son más complejas para la gestión directa de los municipios.