Gil hizo estas manifestaciones durante su intervención en el pleno de las Cortes, que rechazó una proposición no de Ley del Grupo Popular en la que instaba al Gobierno regional a presentar en un plazo de seis meses un proyecto de Ley que establezca el marco normativo necesario para el desarrollo de los planes directores de abastecimiento y saneamiento y depuración de aguas residuales en la región.

Alejandro Gil manifestó que el Estado tiene una deuda con Castilla-La Mancha en temas de abastecimiento de agua y pidió al PP que no cometa la torpeza de pedir que esas obras las paguen los castellano-manchegos como hizo en su día con las obras de abastecimiento consideradas de interés general.

El consejero enumeró varios de los sistemas generales que tienen que hacer las confederaciones o las sociedades estatales del agua para solucionar los deficientes abastecimientos que existen en distintas zonas de la región, como el abastecimiento con aguas del Tajo a la llanura manchega, aprobado en 1996 y que no se ha llevado a cabo, ó la segunda fase del sistema de Picadas, que no se ha ejecutado, entre otras.

Además, denunció la distribución que hace el Gobierno de la Nación de los fondos de cohesión que recibe de la Unión Europea para obras de abastecimiento y explicó que, por ejemplo, en 2000 la Administración General del Estado obtuvo 113 millones de euros en ese reparto, las entidades locales 7 millones de euros y las comunidades autónomas ninguno.

Gil indicó también que la Ley del Ciclo Integral del Agua no sólo pretende explotar obras de interés general, sino que abarca los vertidos, los sistemas de alcantarillado, la depuración y establece ordenanzas más rigurosas sobre vertidos, contemplando además mecanismos financieros y un régimen sancionador para los municipios y personas que infrinjan la normativa.

Gobierno central, que sólo ha invertido 20.000 millones de pesetas, y la Junta, que ha destinado a estas actuaciones más de 80.000 millones y ha construido 45 potabilizadoras.

Alejandro Gil justificó el retraso en el envío de esta ley al Parlamento regional a la aparición de nuevos elementos, como la creación de las sociedades estatales del agua, que dijo suponen una intromisión descarada en las competencias municipales y autonómicas y en las que la comunidad autónoma no ha participado y se sabe poco de su funcionamiento.

Por su parte, el diputado popular, Miguel Angel Ortí, calificó de tercermundista que el consejero admita que el 40 por ciento de la población de Castilla-La Mancha no bebe agua potable y afirmó que, aunque el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no se ha aprobado hasta ahora, sí que lo estaban sistemas generales de abastecimiento, al tiempo que añadió que los planes que él solicita son complementarios de esa Ley del Ciclo Integral del Agua.

El diputado socialista Francisco Moya justificó el retraso en el envío de esta ley en que el PHN no se ha aprobado hasta hace una semana y que el contenido de la futura Ley del Gobierno regional se ajusta a la resolución propuesta por el PP, además de recordar que más preocupante que el retraso del envío de esa ley a las Cortes es el que existe en la ejecución de obras como las mencionadas por el consejero, por lo que pidió el apoyo del PP para reclamárselas al Gobierno central.