En una de las disposiciones más debatidas, durante su elaboración, se crea un canon que deberán pagar los agricultores en función de la diferencia o excedente entre los nitratos tirados a la tierra y los que salen en las cosechas, y que por lo tanto es lo que queda en el suelo. Era lo que querían los ecologistas y entre ellos la ministra del Medio Ambiente, Dominique Voynet, redactora del texto.

Sin embargo, el nivel de ese canon -que fue objeto de negociaciones entre los departamentos del Medio Ambiente y el de Agricultura- ha quedado reducido a poco menos de 0,23 euros por kilo de nitrato excedentario, y en un periodo transitorio que se prolongará hasta 2008 sólo lo abonarán las explotaciones de más de 300 hectáreas.

Al final, el canon permitirá recaudar unos 61 millones de euros en su posible primer año de aplicación, si se aprueba la ley esta legislatura, menos de la cuarta parte de lo que esperaba Voynet.

Con este proyecto de ley, la ministra pretendía reequilibrar la contribución en el pago de los impuestos por el uso del agua de los distintos consumidores, ya que por ahora los consumidores particulares abonan el 85 por ciento, los industriales el 14 por ciento y los agricultores el 1 por ciento restante.

En un informe de expertos del Ministerio de 1998 se advertía de que el 25 por ciento de las captaciones de agua de boca en Francia tenían un contenido de nitratos superior a los 40 miligramos por litro, cuando el máximo autorizado para el consumo humano, según una directiva europea es de 50 miligramos.

El proyecto de ley contiene otras disposiciones, como la fijación de una mayor proporcionalidad entre la factura y el gasto de agua, ya que ahora el mínimo se eleva en muchas regiones. También se contemplan una serie de medidas susceptibles de ser adoptadas por el Estado o los municipios para prevenir inundaciones.

El ministro de Relaciones con el Parlamento, Jean Jack Queyranne, indicó que el proyecto de ley figurará en la agenda de la próxima sesión parlamentaria que comenzará tras el receso estival, aunque no se comprometió a que sea aprobada antes del final de la legislatura en la primavera de 2002.