Desde 1961, fecha en la que se inicia la recopilación de la serie anual de datos sobre incendios forestales en todo el territorio, ha ardido, aproximadamente, el 24% de la superficie forestal total (6.155.505 hectáreas) de las cuales el 41%, 4.206.790 hectáreas, era masa arbolada.

Un informe sobre incendios forestales en el Estado español elaborado por Ecologistas en Acción pone de manifiesto que el 75% de los incendios son intencionados, de éstos las tres cuartas partes se originan por quemas agrícolas y para la obtención de pastos. Galicia, Castilla y León, Cataluña y Levante son las regiones más castigadas por los incendios forestales.

El número de incendios y la superficie quemada muestran un claro ascenso a partir de mediados y finales de la década de los setenta. A partir de esta fecha el número de siniestros ha ido en aumento, especialmente a partir de 1989, llegando a superar los 20.000 incendios anuales en los últimos años. En el año 2000 , por ejemplo, se registró un repunte en las cifras llegando a las 146.000 hectáreas quemadas.

Según Ecologistas en Acción, las consecuencias de los incendios forestales reviste una gravedad extrema, tanto por su magnitud como por las consecuencias que de ellos se derivan. Los incendios forestales, aparte de producir enormes daños medioambientales por la destrucción de la cubierta vegetal, la muerte o huida de miles de animales, la pérdida de suelo fértil y el avance de la erosión, la emisión de gases y partículas a la atmósfera, suponen también todos los años la pérdida de vidas humanas y grandes daños en explotaciones, cultivos y viviendas. Las pérdidas económicas y las fuertes inversiones necesarias para paliar los efectos de los incendios son otras de las consecuencias.

Sólo desde el año 1996 las pérdidas económicas han supuesto unos 40.000 millones de pesetas, a lo que habría que añadir más de 50.000 millones de inversión anual por parte de las Comunidades Autónomas y los gastos de los equipo aéreos del Ministerio de Medio Ambiente.

Entre las medidas propuestas para reducir el número de incendios, Ecologistas en Acción ha pedido a las administraciones que prohíban las quemas con fines agrícolas o para la obtención de pastos durante todo el año, sancionar el lanzamiento de colillas desde los vehículos e incluir esta prohibición en el Código de Circulación, o prohibir la caza durante diez años en zonas quemadas.

Apuestan además por responsabilizar a Renfe de los incendios que ocasionan los ferrocarriles, por incrementar los medios para investigar las causas de los siniestros, por prohibir también la quema de basuras en vertederos, y por impedir que cambie de uso antes de un periodo de treinta años el suelo quemado, para evitar así la especulación urbanística.