La Junta de Castilla y León pretende implicar a la iniciativa privada en la gestión integral de los residuos mediante su participación tanto en la construcción como en la explotación de infraestructuras, según nunció en las Cortes la consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente.

Las principales líneas de esta EER fueron explicadas ayer por la consejera en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento regional, ante la que compareció por quinta vez desde su toma de posesión a mediados del pasado marzo.

La reducción de los residuos urbanos de aquí a 2006 en 344.761 toneladas, en un 45 por ciento los de tipo tóxico y peligroso, y el aumento del reciclaje de envases en un 30 por ciento son algunas metas de este documento que se ha enviado a 1.500 personas e instancias, para tratar de lograr el mayor grado de consenso posible.

La política global de planificación y gestión de todo tipo de residuos se basará en los principios de desarrollo sostenible, en la prevención, recuperación y reciclado, así como en la "necesaria implicación" de todos los agentes sociales y "fundamentalmente" de las administraciones locales, dijo la consejera en su intervención.

La EER, añadió Silvia Clemente, pretende reducir la generación de residuos, fomentar la reutilización a través del reciclado, minimizar los riesgos y efectos para el medio ambiente y la salud de las personas, y cumplir con los objetivos establecidos por la normativa europea y estatal.

El diseño de esta política en Castilla y León afectará a catorce tipos de desechos distintos que son los urbanos, voluminosos, industriales no peligrosos, los tóxicos y peligrosos, los procedentes de mataderos y animales muertos, los agrícolas y forestales, los de construcción y demolición, los neumáticos y vehículos fuera de uso, los lodos de depuradoras, los de equipos electrónicos y los suelos contaminados.

Como avance de la EER, la consejera anunció que para el próximo septiembre culminarán y se someterán a información pública los planes de Residuos Urbanos y de Residuos Industriales, cuya aplicación se realizará desde el principio de "responsabilidad compartida y subsidiariedad" con las entidades locales.

Pretenden estos planes, entre otras finalidades, la implantación de sistemas de recogida selectiva en los municipios con más de 5.000 habitantes, la creación de 'puntos limpios' y la dotación de un contenedor para papel-cartón y vidrio por cada quinientos habitantes.

A través de su puesta en marcha, la Junta quiere construir al menos un centro de tratamiento de residuos en cada provincia, y la instalación de plantas de transferencia comarcales para optimizar el transporte.