La certificación forestal surgió a principios de los años noventa como una herramienta para mejorar la gestión forestal en los bosques de todo el mundo. A través de una etiqueta en los productos de madera el consumidor puede identificar aquellos que proceden de un bosque bien gestionado.

De esta forma, la sociedad reconoce y premia a los gestores y propietarios que se esfuerzan por garantizar unos niveles mínimos de buena gestión acordados a través de procesos participativos de intereses sociales, económicos y ambientales. Además, para garantizar la credibilidad de todo esto, detrás existen complejos sistemas de establecimiento de normas, auditorías forestales y acreditación de entidades certificadoras.

Uno de estos instrumentos de credibilidad es la certificación del FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal) que es un sistema de certificación voluntario e independiente creado en 1993 y de aplicación mundial. Es un sistema abierto y participativo que basa su filosofía en el equilibrio de los intereses económico, social y ambiental. Hasta la fecha se han certificado más de 22 millones de hectáreas en los 5 continentes. Goza del reconocimiento de las organizaciones ecologistas y sociales, además de una parte significante de la industria.

Posteriormente, la industria forestal europea, como respuesta al éxito que ha tenido la FSC, decidió crear su propia certificación PEFC (o PanEuropean Forest Certification), que es un marco de reconocimiento de sistemas de certificación nacionales, como el PEFC Finlandia, PEFC Austria o PEFC España.

El PEFC, al contrario que el FSC, no está diseñado para mejorar la gestión forestal sensiblemente (a pesar de ser éste uno de sus objetivos declarados). Actualmente, no recibe el apoyo de ninguna organización de conservación relevante en Europa.

Un informe encargado por WWF a una consultora suiza sobre el PEFC, se concluye que el sistema de certificación PanEuropeo o PEFC, no es independiente ni transparente, que es un sistema creado, gobernado y controlado nacional y regionalmente por los intereses del sector forestal, principalmente por asociaciones de propietarios forestales y por la industria y el comercio.

Además, el informe pone en evidencia que el poder de voto en el ámbito europeo depende del volumen de madera producido anualmente, con lo que se favorece a los grandes países productores. En el mejor de los casos las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) sociales y ambientales pueden adquirir el estatus de observadoras en la Asamblea General del Consejo Directivo de la PEFC.

En definitiva que no hay un mecanismo para impedir que un grupo de interés imponga su punto de vista a otros. Por lo tanto, los criterios sociales y ambientales de este sistema están claramente minusvalorados.

Por otra parte, el PEFC no garantiza que las auditorías se realicen rigurosamente. En cambio, se permite a las entidades certificadoras no acreditadas la posibilidad de operar dentro del sistema PEFC. Además se permite que la entidad certificadora negocie con el solicitante de la certificación los requisitos que tiene que alcanzar para conseguirla.

Es más, el informe da muchos ejemplos que demuestran que la evaluación de las operaciones forestales sobre el terreno se puede realizar varios años después de la emisión del certificado. Muchos certificados regionales se otorgan sólo sobre la base de informes preparados por el solicitante de la certificación.

En las primeras actuaciones de este tipo de certificación en Finlandia se ha puesto de manifiesto que se han certificado bajo el sistema PEFC grandes superficies de bosques con alto valor de conservación sometidos a grandes e intensas talas que han dañado de forma importante el ecosistema forestal.

Igualmente, en Austria, un informe realizado por la Universidad de Viena de Economía y Administración Empresarial concluye que el PEFC contraviene las leyes Austríacas de la libre competencia, puesto que los nombres de los propietarios forestales que no quieren participar en la certificación regional bajo el sistema PEFC se recogen en una "lista negra" que se pone a disposición de la industria forestal.

Ante la presentación pública en España del PEFC, las organizaciones WWF/Adena, Greenpeace y la Federación Ecoloxista Galega han denunciado que el sistema carece de credibilidad y han aportado los resultados de varios estudios que muestran graves irregularidades e incluso ilegalidades de este sistema, que está promovido por asociaciones de propietarios y la industria forestal europeas.