La UE estableció las bases del desarrollo sostenible, una estrategia con la que pretenden influir en todas sus políticas, desde la agricultura a los transportes, para que el respeto del medio ambiente se convierta en uno de sus pilares de acción básicos.

En los próximos seis meses los europeos deberán llenar de más contenido, y sobre todo de objetivos cuantificados, las líneas generales a las que dieron su aprobación en esta ciudad sueca los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión.

El presidente del Gobierno español, José María Aznar, destacó la importancia del Consejo Europeo que se celebrará en Barcelona en primavera de 2002, cuando se habrán de revisar por primera vez los objetivos propuestos de aquí a seis meses en esta estrategia de desarrollo sostenible.

La estrategia ecológica completa la aprobada el año pasado en Lisboa, donde los europeos se fijaron el objetivo de convertirse en diez años en líderes del crecimiento económico mundial frente a su rival estadounidense, con empleo para todos y con el mayor aprovechamiento posible de las nuevas tecnologías.

El desarrollo sostenible consiste, según la UE, en "satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer las de las generaciones futuras" y debe lograrse en cooperación, no en confrontación, con el mundo empresarial.

Uno de los principios de la estrategia es que los precios de las cosas deben reflejar su coste, una máxima que propiciará que tanto consumidores como productores tomen las decisiones correctas sobre qué productos y servicios deben adquirir o fabricar.

Los Quince aprobaron algunos de los objetivos propuestos por la Comisión Europea, como ratificar en el 2002 el Protocolo de Kioto sobre cambio climático o dedicar el 0,7 por ciento de su Producto Interior Bruto a ayudar a los países en desarrollo, pero rechazaron otros con costes económicos que aún no están dispuestos a asumir.

Tampoco mantuvieron la propuesta de Bruselas de eliminar los subsidios a los combustibles de origen fósil, ni defendieron la introducción de un "impuesto energético" para disuadir del uso de las energías más contaminantes.

Los Quince desoyeron la petición de la Comisión Europea de acabar con las ayudas al cultivo del tabaco -Bruselas lo considera incompatible con la protección de la salud- o de suprimir las subvenciones a la producción de carbón, asuntos sensibles para estados como España o Alemania.

Sí aceptaron duplicar el consumo actual de energía eléctrica procedente de fuentes renovables como la eólica o la solar o comprometerse a que en veinte años se prohíba la fabricación y venta de sustancias químicas peligrosas para el ser humano o para el medio ambiente. También apoyaron la desaparición de las ayudas comunitarias que fomentan la sobreexplotación de los recursos pesqueros.

La revisión de la Política Común de Pesca en 2002 deberá, según el acuerdo alcanzado en Gotemburgo, ser precedida por un "amplio debate político" pero con el objetivo de adaptar el esfuerzo pesquero comunitario al nivel de los recursos disponibles.

La reforma de la Política Agrícola Común deberá emprenderse, según la estrategia, con el objetivo puesto en la protección de la salud, la obtención de productos de calidad, pero con métodos ecológicos, que incluyan el uso de materias primas renovables y respeten la biodiversidad.

En el ámbito de los transportes, de donde procede en los últimos años el mayor aumento de las emisiones contaminantes, los Quince afirman que en 2004 deberá haberse conseguido que sus precios reflejen "mejor" lo que le cuesta a la sociedad.