La Comisión, que abrió el expediente tras la denuncia presentada por la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA), considera que la respuesta de las autoridades españolas no resultó satisfactoria al haber aprobado el proyecto sin tener en cuenta la presencia de osos pardos en el área afectada, calificada desde 1995 como zona de especial protección para las aves (ZEPA).

Esta ampliación, que fue aprobada por el Gobierno asturiano en octubre de 1999, implica la ocupación de 40 hectáreas de un monte de utilidad pública, propiedad de la parroquia de Cerredo, cuyos vecinos se opusieron a que la empresa ampliase su actividad en estos terrenos, aunque el reglamento de montes facultaba al Ejecutivo a autorizar la ocupación, a pesar de este rechazo.

Según los ecologistas, la mina viene destruyendo desde 1985 una de las mejores áreas de cría de oso y de urogallo, dos especies protegidas en peligro de extinción, sin que se hayan llevado a cabo los compromisos de restauración de las zonas explotadas en la primera fase.

La organización conservacionista asegura además que la zona está habitada por urogallos, que la presencia del oso pardo es constante y que es un reconocido corredor biogeográfico de importancia para la conservación de dichas especies.