En un informe basado en una auditoría ambiental del Tribunal de Cuenta colombiano se asegura que "la explotación del campo petrolero ocasionó un grave deterioro ambiental, especialmente en las zonas hídricas de la región".

La explotación del campo petrolero Cicuco-Boquete durante cuarenta y cuatro años, la contaminación del agua y el uso indiscriminado de productos químicos para la agricultura, ha ocasionado daños ambientales en la zona que la Contraloría (Tribunal de Cuentas) colombiana ha calculado en unos 80.000 millones de peseta.

El yacimiento, situado en el departamento de Bolívar, unos 380 kilómetros al norte de Bogotá, tenía 65 pozos de los que 16 aún permanecen activos.

Treinta y uno de los pozos están abandonados y se corre el riesgo de que se produzcan "robos, manipulación de válvulas de seguridad y derrames por diferentes factores", advirtió la Contraloría.

El yacimiento entró en funcionamiento en el siglo pasado, de 1956 a 1975, explotado por la Colombian Petroleum Company (COLPET), empresa que revirtió la concesión a la estatal Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL).

Según la Contraloría, "la COLPET generó residuos sólidos y líquidos, industriales y domésticos, que fueron emitidos al entorno sin ninguna clase de tratamiento y sin tener en cuenta los posibles efectos negativos que causaría al ecosistema de la zona de influencia".

El informe asegura que, durante cuarenta y cuatro años, las familias de pescadores de la zona dejaron de recibir ingresos de casi 9,57 millones de dólares anuales, a causa de la disminución de la productividad pesquera por efectos del deterioro de los ríos en la región.

"Los daños fueron producto de la construcción de la estructura del complejo petrolífero, los derrames de petróleo, la contaminación del río Magdalena y la utilización indiscriminada de agro-químicos", asegura el informe.

La ECOPETROL, que asumió la explotación del campo a partir de 1976, "emprendió acciones de control ambiental sólo en 1991 con la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales", agrega el informe.

La Contraloría advirtió de que las acciones adoptadas por el Instituto Nacional de Recursos Naturales no Renovables (INDERENA), ya desaparecido; las del ministerio del Medio Ambiente, que le sustituyó funcionalmente, y ECOPETROL, actuaron tardíamente para hacer frente a los daños ambientales ocasionados en la región.