Los portavoces de los grupos de la oposición, el socialista Miguel Cortizo y el nacionalista Francisco Trigo, criticaron la ausencia de "consenso" con la que nace este proyecto legislativo, sobre el que presentaron 60 enmiendas de devolución.

Sin embargo, el popular Juan Casares aseguró que el "malestar" de la oposición es consecuencia de que esta normativa supondrá "avances claros para el país" en materia medioambiental y dijo no entender "las malas caras" de ambos portavoces.

Casares señaló que se trata de "un gran día" para la Comunidad gallega y para su partido, ya que se cumple un compromiso electoral de mejorar las rías y aguas de Galicia.

Para el diputado del PP, la nueva ley defiende la calidad de estos espacios "singulares" de Galicia, garantiza el "desarrollo sostenible" y la salubridad de las aguas, al tiempo que favorece el turismo.

La Ley vela por la protección de la "riqueza natural" de las rías y su fauna paisajística, que convive con asentamientos urbanos y actividades industriales, explicó Casares.

En concreto, endurece el control de los vertidos que, por su peligrosidad, podrían dañar el medio ambiente, como son el mercurio y el cadmio, y los compuestos de ambas sustancias químicas.

Los portavoces de la oposición coincidieron en criticar que esta iniciativa legislativa es más de "permisividad" que de protección, ya que se limita a "ordenar" actividades que deberían ser prohibidas.

Trigo, del BNG, lamentó que esta ley no abarque aspectos más amplios de la calidad de las aguas y se reduzca únicamente a las riberas de las rías, al tiempo que parte de "una base permisiva", sin tener en cuenta "hechos reales omitidos, infraestructuras que no tienen nada que ver con ellas y que pueden afectarlas directamente".

El socialista Miguel Cortizo afirmó que el proyecto legislativo invade las competencias de los Ayuntamientos y va contra los derechos de los ciudadanos al utilizar el sistema de la expropiación forzosa.

Por su parte, Casares se felicitó de que hoy el Parlamento gallego proceda a las aprobación de un "catálogo legislativo ambiental", lo que, indicó, situará a Galicia entre las primeras comunidades de España en este ámbito.