Ese es el cálculo efectuado por el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Vigo, Alberto Gago, y el profesor de Economía Aplicada del mismo centro Xavier Labandeira en un artículo sobre "Turismo y fiscalidad ambiental" publicado en la revista "Papeles de Economía Española" editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).

De acuerdo con la proyección, hecha sobre datos de afluencia turística del INE del año 1999 y calculando un euro diario por turista -el impuesto balear oscila, según el tipo de establecimiento, entre 0,25 y 2 euros por día-, Baleares obtendría casi 10.000 millones de pesetas, el doble de lo que ahora mismo obtiene por tributos propios.

Les seguirían las comunidades con un marcado perfil turístico: Canarias con casi 6.700 millones; Cataluña, con cerca de 6.000, Andalucía con más de 5.500 y la Comunidad Valenciana con unos 3.200.

Esas cinco comunidades acapararían más de 80 por ciento de los recursos generados por un impuestos como el balear si se generalizase a todas las comunidades y ciudades autónomas. Las comunidades que obtendrían menos ingresos serían La Rioja, con 113 millones, y Navarra, con unos 175.

Los autores del estudio consideran que "tiene sentido utilizar impuestos ambientales sobre la actividad turística" aunque consideran que la ecotasa balear no es realmente un impuesto ambiental.

En su opinión, la figura impulsada por el gobierno regional no muestra una "vinculación clara entre su base imponible y un problema ambiental concreto" sino sólo un "vínculo difuso", sin evaluar el daño ambiental generado ni llevar a una modificación de conductas ambientalmente nocivas.

Añaden que si los defensores de este impuesto lo califican como "ambiental" es porque su recaudación se destinará a la dotación de un Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos, pero eso es, en su opinión, irrelevante, ya que siguiendo ese razonamiento "cualquier tributo podría ser ambiental si dedicara una parte de su recaudación a protección del entorno natural".

Hecha esa salvedad sobre la definición de la ecotasa, los autores consideran que la aplicación de un impuesto de ese tipo "podría ser plenamente recomendable en términos económicos" porque las CC.AA. que lo adoptaran obtendrían unos recursos significativos y que en algunos casos supondrían un fuerte revulsivo.

Otra de las ventajas de esa figura es que tiene un alto grado de "exportabilidad", es decir que sería pagado en buena parte por ciudadanos no residentes en España.

Así en el conjunto del Estado, la ecotasa sería pagada casi en un 65 por ciento por ciudadanos extranjeros, porcentaje que se elevaría hasta el 90 por ciento en Baleares, o al 85 por ciento en Canarias. En comunidades como Asturias o Galicia las proporciones se invertirían y cerca del 90 por ciento de la tasa turística sería asumida por españoles.