El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la multa de 250.000 pesetas que la Consejería de Medio Ambiente impuso en 1999 a la constructora de la urbanización de la ría del Pas por los vertidos ilegales de aguas residuales que se hicieron desde los primeros chalés habitados.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC desestima de este modo el recurso interpuesto por la empresa sancionada, Construcciones López Pablo SA, que había alegado que en aquellos momentos tenía en obras la depuradora de la urbanización.

El TSJC le recuerda que el vertido no autorizado de aguas residuales al dominio público marítimo terrestre está tipificado como una infracción grave en la Ley de Costas.

Además, considera probado por la denuncia de los inspectores del Gobierno de Cantabria y el informe del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) que los vertidos detectados en la ría del Pas procedían de tres de la viviendas de esa urbanización.