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En España, el sector
agrario es el consumidor más importante de agua con más de
un 80% del uso total. Por sus condiciones climáticas, el
territorio español no posee recursos hídricos naturales
suficientes para abastecer a los cultivos; así, según el
MOPU, aunque más del 50% de los recursos regulados son
sobrantes no utilizados, existe un déficit de unos 2.500
hm3/año.
La agricultura no es
solamente el mayor consumidor de los recursos hídricos sino
que, sus efluentes retornan a los recursos de aguas
superficiales o subterráneas conteniendo gran cantidad de
sales, nutrientes y productos agro-químicos. Además, el
incremento del uso de insumos agrícolas ha originado
descargas de productos químicos en las masas de agua,
impidiendo su reutilización.
En este contexto en la
Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente (CIAA)
celebrada en Dublín en el año 92, se demandaron nuevos
enfoques para la evaluación, desarrollo y manejo de los
recursos de agua dulce y, a través de la Recomendación 4.10
del Informe de la Conferencia, especifica que, "hacia el
año 2000 todos los países deberían tener en ejecución
programas de control de la contaminación de las aguas".
En el Plan de Acción
previsto en la Conferencia, se mencionan los siguientes puntos
respecto a la calidad de las aguas:
- establecer y poner
en ejecución sistemas de vigilancia de la calidad del
agua para las aguas de uso agrícola
- prevenir los
efectos adversos de las actividades agrícolas sobre la
calidad del agua y reducir al mínimo el uso de insumos
externos
- establecer
criterios de calidad química, física y biológica del
agua para usos agrícolas
- prevenir los
deslizamientos de suelos y la sedimentación
- reducir al mínimo
los efectos adversos de los productos químicos agrícolas,
mediante la aplicación del manejo integrado de plagas.
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